Fuente: noalprestamodepago.org |
El pasado 1 de agosto se publicó en el BOE el Real Decreto 624/2014 por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público.
Este real decreto articula la aplicación del canon establecido como obligatorio por la Unión Europea en 1992. El establecimiento de este canon obliga a las bibliotecas a pagar por el préstamo de las obras: la cuantía económica no deberá satisfacerla el usuario final sino que será abonada por las administraciones titulares de las bibliotecas. Las bibliotecas de instituciones docentes vinculadas al sistema educativo quedan eximidas de esta obligación de remuneración.
El canon fue establecido originariamente por el gobierno español en 2007 para trasponer la directiva comunitaria y el Ministerio de Cultura asumió en 2008 el pago de la cantidad correspondiente en aquel momento por todas las bibliotecas cotizantes dentro del Estado Español. A partir de 2009, el Ministerio abonó solamente lo concerniente a las bibliotecas que son de su titularidad, es decir las bibliotecas públicas provinciales. Quedan por satisfacer la cantidades de las bibliotecas públicas municipales de las poblaciones de más de 5.000 habitantes, que son las que atienden a la mayoría de la población.
La cuantía de la remuneración toma como base el número de obras sujetas a derechos de autor puestas a disposición con destino a préstamo y el número de usuarios efectivos del servicio de préstamo
- 0,004 euros por el número de obras que han sido objeto de préstamo en cada establecimiento en el año correspondiente
- 0,05 euros por el número de usuarios inscritos anualmente que hayan hecho uso efectivo del servicio de préstamo en el año
Esta medida es muy contestada por las asociaciones profesionales de bibliotecarios que advierten de las consecuencias que tendrá en un sistema bibliotecario que lleva años en una situación precaria y que ve amenazado el cumplimiento de la misión de fomento de la cultura y de acceso democrático al conocimiento que tienen encomendadas las bibliotecas. Para las administraciones locales el hacerse cargo de este gasto puede resultar muy gravoso.
Puedes encontrar más información en la ANABAD (Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas)
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