1. Necesidad de que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, adopte las medidas pertinentes para que el grado en Derecho mantenga obligatoriamente su actual carga lectiva de 240 créditos, a fin de garantizar una sólida formación y competencias jurídicas, y armonizar el grado de Derecho con el actual sistema de acceso a la profesión de abogado y procurador.
2. Gran preocupación ante el proyecto de equiparación de las actuales y antiguas titulaciones de educación superior españolas en el Marco europeo de educación superior (MECES), y como consecuencia la posible desvalorización del grado de Derecho respecto a la licenciatura equivalente, cuando la equivalencia fue uno de los aspectos básicos al establecer los grados del EEES.
3. Convencimiento de que tanto el máster oficial de acceso a la Abogacía como el examen de acceso a la profesión de abogado vinculado al máster, son piezas clave y determinantes para el futuro de las facultades de Derecho y la calidad de sus titulaciones. Por este motivo, es primordial garantizar un examen de Estado adecuado para acceder a la profesión.
La prueba de evaluación debe incluir un caso práctico y se podrá disponer de los textos legales correspondientes.
Deberá haber un modelo estable de prueba, y dos convocatorias anuales.
La ponderación de la calificación obtenida en el máster debe representar al menos un 40 % de la calificación final, lo que refleja la importancia de la formación que aporta el máster, en cuanto a garantizar la formación práctica
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